El Mundo: A.I., ¿Torturas y malos tratos en España?
Publicado: 14 Nov 2007 15:54
Actualizado miércoles 14/11/2007 13:48
ELMUNDO.ES
MADRID.- Los actos de tortura y otros malos tratos cometidos por agentes de policía en España no son hechos aislados, según ha denunciado Amnistía Internacional (AI). La ONG afirma que la falta de medidas de los sucesivos gobiernos españoles para tratar el problema está exacerbando un clima de impunidad que fomenta la aparición de nuevos casos de maltrato.
"Las autoridades españolas deben dejar de negar la existencia de tortura y otros malos tratos a manos de agentes de policía –ha señalado Rachel Taylor, investigadora de AI sobre España–. La falta de voluntad política para abordar el problema ha dado lugar a nuevas violaciones de derechos humanos".
En el informe 'España: Sal en la herida: La impunidad efectiva de agentes de policía en casos de tortura y otros malos tratos', Amnistía pone de relieve casos de personas que han recibido golpes, patadas, puñetazos e insultos de agentes de policía, incluso estando esposadas, y tanto en la calle como bajo custodia policial.
En sus denuncias, algunas de estas personas aseguran que los agentes las amenazaron con una pistola o un cuchillo, las azotaron en las plantas de los pies y las amenazaron de muerte. En uno de los casos, los policías dijeron al detenido que si no cooperaba violarían a su novia. En otro, la víctima estuvo varias semanas sin oír por un oído a causa de los golpes que los agentes le habían propinado en la cabeza.
Entre los casos documentados, la ONG cita el de Lucian Padurau, detenido el 27 de julio de 2006 a la puerta de su casa, en Barcelona, por los Mossos d’Esquadra, que lo confundieron con otra persona.
Según contó a Amnistía, lo golpearon en la misma calle al detenerlo y agredieron físicamente a su esposa, embarazada, que se encontraba con él.
Además, señala que durante su tralado a comisaria en un vehículo le amenazaron con un arma y le dijeron: "Más te vale tragártelo todo. Si la jueza te suelta te matamos nosotros". Añade que los agentes continuaron golpeándolo hasta que llegaron a la comisaría de Les Corts, donde un agente de servicio en ella les advirtió: "No le peguéis más, aquí hay cámaras".
Al día siguiente, Lucian Padurau quedó en libertad, pues la policía se había percatado de que no era el hombre al que andaban buscando.
AI señala que, en muchos casos, las víctimas de malos tratos y tortura a manos de la policía no reciben justicia. Con frecuencia, las decisiones judiciales dan más crédito al testimonio de la policía que al de las víctimas, y éstas pueden acabar en prisión, con su vida personal y profesional arruinada.
"Algunos agentes de policía cometen violaciones de derechos humanos, mientras las autoridades hacen la vista gorda ante los procedimientos que utilizan incumpliendo claramente las obligaciones jurídicas internacionales contraídas por España", ha manifestado Rachel Taylor. "Es posible que la tortura no sea una práctica habitual, pero, a pesar de los compromisos contraídos por España en virtud del derecho internacional, no se le pone freno".
La ONG enumera una serie de factores que contribuyen a mantener la impunidad. Entre ellos destacan la falta de investigaciones independientes, inmediatas e imparciales o ausencia absoluta de investigación.
La elaboración de informes médicos incompletos o inexactos, las intimidaciones de la policía a los denunciantes, la falta de medidas sancionadoras y las causas judiciales que acaban en absolución por no haberse identificado a los agentes responsables, también agravan el problema, según el informe.
Reclama medidas efectivas
"Mientras el gobierno no tome medidas efectivas para investigar las denuncias y llevar ante la justicia a los responsables de tortura y otros malos tratos, los agentes de policía estarán por encima de la ley y seguirá extendiéndose el clima de impunidad", ha afirmado Rachel Taylor.
Por todo ello, Amnistía Internacional pide a las autoridades españolas que adopten diversas medidas legislativas, judiciales y administrativas para prevenir la tortura y otros malos tratos y la justicia para que sean sometidas a un juicio justo, y garantizar que se proporcione a las víctimas juicio justo y un recurso efectivo que incluya reparación.
ELMUNDO.ES
MADRID.- Los actos de tortura y otros malos tratos cometidos por agentes de policía en España no son hechos aislados, según ha denunciado Amnistía Internacional (AI). La ONG afirma que la falta de medidas de los sucesivos gobiernos españoles para tratar el problema está exacerbando un clima de impunidad que fomenta la aparición de nuevos casos de maltrato.
"Las autoridades españolas deben dejar de negar la existencia de tortura y otros malos tratos a manos de agentes de policía –ha señalado Rachel Taylor, investigadora de AI sobre España–. La falta de voluntad política para abordar el problema ha dado lugar a nuevas violaciones de derechos humanos".
En el informe 'España: Sal en la herida: La impunidad efectiva de agentes de policía en casos de tortura y otros malos tratos', Amnistía pone de relieve casos de personas que han recibido golpes, patadas, puñetazos e insultos de agentes de policía, incluso estando esposadas, y tanto en la calle como bajo custodia policial.
En sus denuncias, algunas de estas personas aseguran que los agentes las amenazaron con una pistola o un cuchillo, las azotaron en las plantas de los pies y las amenazaron de muerte. En uno de los casos, los policías dijeron al detenido que si no cooperaba violarían a su novia. En otro, la víctima estuvo varias semanas sin oír por un oído a causa de los golpes que los agentes le habían propinado en la cabeza.
Entre los casos documentados, la ONG cita el de Lucian Padurau, detenido el 27 de julio de 2006 a la puerta de su casa, en Barcelona, por los Mossos d’Esquadra, que lo confundieron con otra persona.
Según contó a Amnistía, lo golpearon en la misma calle al detenerlo y agredieron físicamente a su esposa, embarazada, que se encontraba con él.
Además, señala que durante su tralado a comisaria en un vehículo le amenazaron con un arma y le dijeron: "Más te vale tragártelo todo. Si la jueza te suelta te matamos nosotros". Añade que los agentes continuaron golpeándolo hasta que llegaron a la comisaría de Les Corts, donde un agente de servicio en ella les advirtió: "No le peguéis más, aquí hay cámaras".
Al día siguiente, Lucian Padurau quedó en libertad, pues la policía se había percatado de que no era el hombre al que andaban buscando.
AI señala que, en muchos casos, las víctimas de malos tratos y tortura a manos de la policía no reciben justicia. Con frecuencia, las decisiones judiciales dan más crédito al testimonio de la policía que al de las víctimas, y éstas pueden acabar en prisión, con su vida personal y profesional arruinada.
"Algunos agentes de policía cometen violaciones de derechos humanos, mientras las autoridades hacen la vista gorda ante los procedimientos que utilizan incumpliendo claramente las obligaciones jurídicas internacionales contraídas por España", ha manifestado Rachel Taylor. "Es posible que la tortura no sea una práctica habitual, pero, a pesar de los compromisos contraídos por España en virtud del derecho internacional, no se le pone freno".
La ONG enumera una serie de factores que contribuyen a mantener la impunidad. Entre ellos destacan la falta de investigaciones independientes, inmediatas e imparciales o ausencia absoluta de investigación.
La elaboración de informes médicos incompletos o inexactos, las intimidaciones de la policía a los denunciantes, la falta de medidas sancionadoras y las causas judiciales que acaban en absolución por no haberse identificado a los agentes responsables, también agravan el problema, según el informe.
Reclama medidas efectivas
"Mientras el gobierno no tome medidas efectivas para investigar las denuncias y llevar ante la justicia a los responsables de tortura y otros malos tratos, los agentes de policía estarán por encima de la ley y seguirá extendiéndose el clima de impunidad", ha afirmado Rachel Taylor.
Por todo ello, Amnistía Internacional pide a las autoridades españolas que adopten diversas medidas legislativas, judiciales y administrativas para prevenir la tortura y otros malos tratos y la justicia para que sean sometidas a un juicio justo, y garantizar que se proporcione a las víctimas juicio justo y un recurso efectivo que incluya reparación.